EE.UU. advierte sobre riesgos políticos y reputacionales al invertir en Nicaragua y denuncia confiscaciones de propiedades estadounidenses

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe sobre el clima de inversión en Nicaragua para 2026, en el que advierte que los inversionistas deben extremar las precauciones y no pueden esperar un Estado de derecho ni un entorno empresarial predecible en el país. El documento, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, señala que las autoridades nicaragüenses continúan deteniendo injustamente a presos políticos, cerrando ONG, exiliando por la fuerza a ciudadanos, apropiándose de la propiedad privada e ignorando y desmantelando el Estado de derecho, lo que genera un clima de inversión plagado de riesgos políticos y reputacionales.

En paralelo, el medio nicaragüense Confidencial publicó una investigación sobre la confiscación de nueve casas de lujo pertenecientes a jubilados estadounidenses en la playa de Tola, en el Pacífico sur de Nicaragua. Según el informe, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confiscó los inmuebles de forma ilegal y posteriormente los donó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las viviendas, equipadas con piscinas, paneles solares, muebles, electrodomésticos y pertenencias personales, fueron valoradas en aproximadamente 15 millones de dólares.

El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, citado por Martí Noticias, afirmó que los propietarios de esas casas son víctimas de la misma política de confiscación que ha afectado a cientos de nicaragüenses. Chamorro explicó que el presidente Daniel Ortega podría estar utilizando esas propiedades como fichas de negociación, pero advirtió que «está jugando con fuego» porque la medida impacta los mercados inmobiliario y turístico de la zona más turística del país.

Un exdiplomático nicaragüense en el exilio, que pidió permanecer anónimo por temor a represalias, describió las confiscaciones como producto de la corrupción y como una estrategia para presionar a Estados Unidos tras la reciente tensión diplomática provocada por el rechazo a la embajadora estadounidense designada. Según la fuente, la medida también busca demostrar fortaleza frente a posibles sanciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha establecido un plazo de 90 días para que el régimen responda a una resolución.

El informe del Departamento de Estado también señala que, aunque Nicaragua cuenta con leyes relativas a la inversión extranjera, su implementación, cumplimiento e interpretación están sujetas a la corrupción y a presiones políticas. Chamorro cuestionó cuánto crecería la economía nicaragüense en ausencia de una dictadura que viola el Estado de derecho y confisca propiedades, indicando que el crecimiento sería mucho mayor si existieran derechos de propiedad respetados, aunque reconoce que se trata de un escenario hipotético sin evidencia actual.

El documento reconoce el potencial económico de Nicaragua, destacando la abundancia de recursos naturales, mano de obra más barata que la de sus vecinos, un sector agrícola amplio y acceso a rutas marítimas principales. Sin embargo, insiste en que, pese a indicadores macroeconómicos positivos, ni la inversión extranjera directa ni la participación laboral se han recuperado tras los disturbios civiles de 2018 y la posterior represión gubernamental.

En el contexto político, el informe menciona el rechazo del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la designación de una nueva embajadora de Estados Unidos, lo que aísla aún más a Nicaragua. Expertos señalan que el régimen se apoya en China y Rusia para mantenerse en el poder, mientras la oposición celebra la resolución de la OEA que fija plazos al gobierno de Ortega-Murillo. Estados Unidos respalda dicha resolución contra la represión en Nicaragua.